Tras la revolución de 1910, hubo la necesidad de controlar la actividad petrolera y el presidente Francisco I. Madero empezó con la regulación de la actividad en cuanto a los dividendos de los impuestos. Durante el periodo del general Victoriano Huerta (1913-1914), el gobierno estadounidense intervino para que las compañías no pagaran impuestos ni hubiera regulación. Con Venustiano Carranza como encargado del Ejecutivo, en cambio, se trabajó para estatuir un régimen administrativo que regulara la actividad. Ya en el Plan de Guadalupe, en sus adiciones del 12 de diciembre de 1914, el constitucionalismo estableció la necesidad de una legislación petrolera nacionalista.
El 19 de marzo de 1915 se creó una Comisión Técnica del Petróleo para organizar la actividad del ramo en el país, que comenzó por establecer las relaciones del gobierno con las compañías que actuaban en el territorio. En abril de 1916 ese organismo dio a conocer un informe que fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación. Lo anterior incidió radicalmente para que en la Constitución de 1917, en el párrafo IV del artículo 27, se estableciera la restitución a la nación de los derechos de propiedad sobre el suelo y el subsuelo, relacionados con el petróleo. Nulificar los derechos adquiridos por las compañías petroleras en la era de Porfirio Díaz fue la intención de ese párrafo constitucional y así lo corroboraba la historia de la posrevolución.
